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En México la política es nota roja

Redacción-

Desde el domingo se sabía en Palacio Nacional de la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, la cual no fue aceptada. El lunes quedó claro que al secretario sólo le quedaban dos caminos: la sumisión o irse por su cuenta. Por eso la carta de renuncia la publicó el Secretario en su cuenta de twiteer el martes, exponiendo sus acusaciones a este gobierno, todas ellas graves. No fue una simple renuncia, fue una ruptura.

Un Presidente que no escucha, decisiones sin sustento, funcionarios sin preparación y conflictos de interés. O sea, arbitrariedad, ineptitud y corrupción. Y lo dice el encargado durante siete meses de las finanzas públicas.

Ya se ha comentado acerca de la política estatista y restauradora del viejo PRI instrumentada por CFE y el Plan de Negocios de Pemex, próximo a presentarse, como unos de los detonantes de la renuncia. Cuando México sea un paria financiero internacional, habrán de acompañar al Presidente, como principales responsables, Manuel Bartlett y Rocío Nahle.

Pero Radio Pasillo habla también de la existencia de un documento interno que otorga mayores facultades al poder de facto de la SHCP: Raquel Buenrostro, la Oficial Mayor. Y es que la negativa del Secretario a transferir recursos del Fondo Minero para financiar proyectos no presupuestados del Ejecutivo, colmó el plato del Presidente no acostumbrado a que le digan que no.

El recuento de los días previos a la renuncia importa, porque ya estaba decidido quien tomaría la estafeta y, sobre todo, la cortina de humo que se echó ante una renuncia que se sabía iba a ser estridente al negarse a aceptarla.

La cortina de humo es la detención del abogado Juan Collado. En sólo un mes se procesó una acusación particular que ya había sido desechada por un Tribunal local en 2016. En muy poco tiempo la FGR la atrajo agregando los delitos de lavado y crimen organizado.

La orden de aprehensión se precipitó a partir del domingo y se ejecutó después de la crisis provocada por la renuncia del Secretario. Se trata de un abogado controversial que ha tomado muchos casos polémicos y que mantiene una buena relación con los principales Presidentes que promovieron la modernización y las reformas modernizadoras: Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.

El empresario acusador, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, socio del fondo Libertad Servicios Financieros, reclama una operación inmobiliaria que dice lo afectó, realizada por Juan Collado y José María Rico –ex Presidente de dicho fondo-, pero hace acusaciones a los dos ex presidentes, supuestamente los dos jefes de la “mafia” internacional de lavado, que funciona en Andorra. Parece vocero de la Unidad Antilavado de la SHCP.

Un actor importante en todo este tinglado es el empresario de casinos, Javier Rodríguez Borgio –alguna vez investigado por robo de combustible y lavado-, a quien el hermano de Juan Collado denunció en el programa de Ciro Gómez Leyva como uno de los instrumentadores de la acusación, aunque el empresario Bustamante también lo señala como un inversor de campañas políticas, entre ellas algunas locales del PAN en Querétaro, pero también nacionales de otros partidos.

Escándalo bananero de una República bananera, ¿eso somos? Los ex Presidentes Salinas y Peña tienen claroscuros. Pero ¿la destrucción de la modernidad mexicana va a pasar por oscuros escándalos de nota roja? Juan Collado está sometido a juicio y si pueden fundamentarle realmente delitos, tendría que pagarlos.

La restauración que lleva a cabo el actual gobierno no tiene realmente opositores políticos. Los modernizadores hicieron avanzar al país, pero finalmente fallaron. Hoy no tienen fuerza. El PAN y el PRI, uno dividido aún y otro en proceso de confirmarse como un satélite, no cuentan. Los ex presidentes panistas tampoco han podido crecer como oposición.

Los grandes empresarios sólo esperan hacer negocios por su cercanía con el poder, los demás están ocupados en sobrevivir, aunque la libertad empresarial comience a estar amenazada. Tan sólo un líder empresarial, Gustavo de Hoyos de la Coparmex, cumple el deber de ser crítico, con argumentos en defensa de su gremio y de la sociedad civil.

Los propios hechos del gobierno avalan la crítica que surge. Y en lugar de un debate estratégico y sustantivo, pues está en juego mucho de nuestra sociedad, lo que tenemos ahora son, al parecer, las cortinas de humo de escándalos montados.

 

 

 

 

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